Por Mtra. Amparo Jáuregui Durán.
En un México y en Zacatecas donde el acceso a la Justicia sigue siendo un desafío para millones, la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas emerge como un faro de esperanza. No es solo una institución de defensa: es un mecanismo de equidad que construye bienestar social desde las trincheras de las acciones jurídicas en diversas áreas del Derecho. Su labor, silenciosa pero fundamental, garantiza que nadie, sin importar su condición económica, quede fuera de una defensa para acceder a la Justicia. Es una acción firme y determinante de nuestro Gobernador David Monreal Ávila fortalecer la Defensoría Pública, porque sin duda las acciones de pacificación en nuestro estado, donde está garantizando seguridad, han dado muy buenos resultados, requieren de igual manera asegurar el Estado de Derecho.
El derecho de defensa es un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; debe ser un derecho efectivo y no teórico o utópico, toda vez que no basta con designar un abogado en determinado procedimiento, sino que dicho derecho debe ser efectivo a través de una defensa material. Por tanto, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas es la institución encargada de garantizar dicha defensa a favor de la protección de los derechos de los que menos tienen.
La materia penal, el derecho a una defensa adecuada, se encuentra contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 17, penúltimo párrafo. A nivel internacional se encuentra contemplado en el artículo 8, numeral 2, inciso d) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como en el artículo 14, numeral 3, inciso d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En materia civil y familiar, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 666, se precisa que en todo momento las partes deberán contar con una defensa técnica efectiva; tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia, será especializada. De igual manera, el artículo 800 de este mismo ordenamiento señala que, en el caso de que en personas con interés jurídico existan niñas, niños o adolescentes, debe verificarse por la autoridad jurisdiccional que se cuente con una defensa técnica y especializada durante el trámite del procedimiento. También las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado la obligación del Estado de garantizar el derecho adecuado de una defensa en materia civil y familiar a través de los asesores jurídicos. En la Defensoría Pública de Zacatecas, no solo se garantiza la defensa en materia penal, civil y familiar, sino también en laboral, mercantil, actos de autoridad y responsabilidades administrativas.
La defensa material y la defensa técnica son elementos esenciales para que se pueda garantizar una adecuada defensa. Por tanto, las personas que desempeñan esta función deben cumplir con un mínimo de diligencia en el desempeño de esta función, por lo que resulta necesario que, en este caso, existan instituciones como la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, que está conformada por servidores públicos profesionales en el derecho con la capacidad técnica que permite que todos los gobernados puedan tener acceso a una tutela efectiva.
En una sociedad marcada por brechas económicas y desconfianza en las instituciones, la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas no es un servicio más: es un acto de justicia reparadora. Su existencia responde a una pregunta fundamental: ¿Qué valor tiene un sistema de justicia si solo pueden acceder a la justicia quienes pueden pagar una defensa material y técnica? En Zacatecas, el 40% de la población vive en condiciones de pobreza (según CONEVAL). Sin defensores públicos y asesores jurídicos, miles estarían condenados a perder sus derechos por falta de recursos y sin acceso a la Justicia.
La Defensoría Pública de Zacatecas no es un gasto: es una inversión en paz social. Cada caso atendido evita un conflicto mayor; cada derecho restaurado siembra confianza en las instituciones. La efectiva aplicación del principio de presunción de inocencia garantiza que existan los elementos probatorios suficientes para deducir razonadamente la participación en un hecho que se castiga. En un mundo donde la inequidad amenaza con dividirnos, esta institución demuestra que la justicia, cuando verdaderamente es accesible, es el cimiento de una sociedad que se atreve a soñar con la igualdad. La Defensoría Pública de Zacatecas demuestra que la justicia no es un privilegio, sino un cimiento del bienestar colectivo. Su trabajo refleja un principio clave: el Estado defiende a los más vulnerables y fortalece la democracia. En un mundo donde la desigualdad fractura sociedades, instituciones como la Defensoría Pública son antídotos. No solo reparan injusticias: siembran dignidad. Y en Zacatecas, esa semilla ya da frutos para generar bienestar con acceso a la justicia.
«Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada».
—Nelson Mandela